Detenido Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL

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El juez rastrea un pago de 1,4 millones de OHL a Ignacio González en Suiza que el PP conocía

Lapuerta entregó a Génova un documento que detalla el pago en 2007 de 1,4 millones a través del Anglo Irish Bank

El consejero de OHL Javier López Madrid, yerno de Villar Mir, ha sido detenido esta noche por, presuntamente, haber pagado comisiones millonarias al ex presidente de Madrid Ignacio González por la adjudicación de una obra, según han confirmado a Efe fuentes de la investigación. La Guardia Civil pretendía interrogarle ayer en presencia de sus abogados.

La Guardia Civil se puso en contacto con el empresario, que estaba en Londres, y le pidió que viajara a España de manera inmediata para “charlar” sobre varios asuntos. No obstante, le aclaró en un principio que no iba a proceder a su detención sino a realizarle una serie de consultas.

López Madrid aterrizó a las 20.45 en Madrid convencido de que simplemente iba a ser interrogado sin que se adoptase ninguna otra medida. Una vez en las dependencias de la Guardia Civil, estuvo declarando entre las 23.30 y la 1.30, quedando detenido después del interrogatorio sin que mediase orden expresa de la Fiscalía ni del juez. El mismo, según ha podido saber EL MUNDO, versó, entre otras cuestiones, sobre el supuesto pago de 1,4 millones en Suiza por parte de OHL a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero.

La detención de López Madrid se produce unas horas después de que el juez Eloy Velasco ordenara este jueves la entrada y registro en la sede de OHL en base a un supuesto soborno que conocía la dirección del PP desde hace varios años por diferentes vías. La más importante era la del ex tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, que transmitió los datos esenciales del supuesto pago de una comisión en Suiza a Ignacio González asegurando que se los había proporcionado personalmente el propio Juan Miguel Villar-Mir, ex presidente de OHL. Pese a ello, Génova nunca otorgó veracidad a dicha información tras requerir sin éxito a Lapuerta que aportara pruebas incontrovertibles de la vinculación del ex presidente de la Comunidad de Madrid con el supuesto soborno y no dio crédito al resto de fuentes.

El instructor de la denominada operación Lezo ordenó acceder a las oficinas de la compañía «por el presunto pago de una comisión de 1,4 millones aproximadamente, relacionada con la adjudicación del ‘contrato de construcción y explotación de la obra pública para la nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero‘», tal y como reza su auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO.

Las pesquisas están relacionadas con la agenda intervenida a Francisco Granados en la que aparecieron referencias a pagos desde OHL al PP de Madrid.

Un portavoz de OHL confirmó la presencia de agentes en su sede para «un requerimiento judicial de información», pero aseguró: «OHL no ha pagado comisiones a ningún partido político». Esta constructora, una de las principales del país, añadió que va a prestar «la máxima colaboración con la Justicia». Según explicaron fuentes de la investigación, la actuación policial y judicial trata de esclarecer una operación de OHL con el proyecto del frustrado tren a Navalcarnero. En concreto, se investiga si desde OHL se realizó un pago de 1,4 millones de euros en los que estaría una parte destinada a financiar al PP de Madrid y otra, como comisión para el ex presidente madrileño Ignacio González. Los agentes siguen la pista de esta operación que se habría llevado a cabo a través de una filial en México desde donde se habrían hecho ingresos en una cuenta en Suiza. El contrato ha terminado siendo un fiasco en todo caso y OHL reclama 370 millones al Gobierno regional en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por incumplimiento de contrato (320 millones) y daños y perjuicios (50 millones), según informa Carlos Segovia.

La Guardia Civil centró su atención ayer en grandes empresas que están bajo sospecha de haber participado en operaciones de financiación ilegal del PP y en el pago de comisiones al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Por la mañana, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron las oficinas de la mencionada OHL, de la empresa tecnológica Indra, de Licuas y de Saerco en el marco de las investigaciones sobre financiación del Partido Popular.

En el caso de Indra, sospecha una financiación de los populares por valor de 700.000 euros. Un portavoz de la empresa tecnológica confirmó a EL MUNDO que se han personado los agentes «requiriendo información y se les está facilitando acceso a los sistemas».

El principal accionista de Indra actualmente es el Estado a través de la Sepi. El portavoz declinó hacer más comentarios, pero según ha podido saber este diario, los agentes no han practicado hasta ahora detenciones ni han pedido acceder al despacho del consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, que se encuentra investigado en el caso Púnica por los presuntos pagos de la empresa a la trama.

Tanto OHL como Indra sufrieron ayer fuertes retrocesos en la Bolsa. OHL perdió ayer un 8,95 mientras el retroceso de Indra llegó al 2,25.

Por su parte, un portavoz de PwC confirmó que agentes de la UCO han requerido información a relación a ICM. Se les ha facilitado acceso a ordenadores y al despacho de un ex socio y actual colaborador encargado de los contratos de consultoría con la empresa informática de la Comunidad de Madrid. Estos contratos ya fueron investigados en 2015.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de las pesquisas, trata de obtener más pruebas que corroboren los indicios de que ICM (en la actualidad Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid) y otras empresas públicas, principalmente el Canal de Isabel II, fueron utilizadas para desviar fondos para financiar al PP de Madrid y para el supuesto lucro personal de Ignacio González.

Por este motivo se ordenó el registro de Licuas, una constructora de obra civil especializada en conducciones hidráulicas para abastecimiento de aguas y que es una de las principales contratistas del Canal de Isabel II.

Otra empresa a la que se reclamó información es Saerco, compañía madrileña especializada en servicios de navegación aérea que fue creada por Ildefonso de Miguel, ex gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y uno de los empresarios investigados en la operación Lezo.

Agentes de la UCO también realizaron en Burgos un registro de las oficinas de la constructora Arranz Acinas en relación con la financiación del PP.

Eloy Velasco ordenó en febrero de 2016 registrar el despacho que el ex gerente del PP Beltrán Gutiérrez tenía en la sede del PP, en la madrileña calle Génova, y en su domicilio particular. En aquella fecha el magistrado instructor ordenó también registrar el despacho de Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, dueño del grupo OHL.

La agenda de Francisco Granados, el que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el partido y en el Gobierno madrileño, también ha sido clave en esta investigación y en el hallazgo de los nuevos documentos. Granados está en prisión provisional desde octubre de 2014 por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros, dentro del caso Púnica, que investiga una trama de pagos de empresarios a políticos a cambio de favores. Tras los documentos aportados al juez, Velasco ordenó registros en organismos oficiales de la Comunidad de Madrid, tales como las consejerías de Sanidad y Transportes, así como la Fundación Arpegio.

No es la primera vez que agentes de la Guardia Civil visitan el Grupo Villar Mir. Ya a principios de este año, en el marco de las investigaciones del juez Velasco sobre la presunta financiación ilegal del PP, los agentes de la UCO requisaron los expedientes sobre una treintena de contratos que la empresa OHL del Grupo Villar Mir ganó en adjudicaciones licitadas por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2013. Entre las obras investigadas, destacan el metro ligero a Pozuelo de Alarcón, que costó 92 millones de euros, y el fallido tren de Cercanías a Navalcarnero, un proyecto de 362 millones que finalmente no se materializó.

Los agentes de la UCO tratan de buscar, por orden del juez Eloy Velasco y de la Fiscalía Anticorrupción, indicios sobre el presunto enriquecimiento particular de un entramado en el que figuran Ignacio González y otros de los detenidos ayer, entre ellos su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero. Además están detenidos el ex presidente ejecutivo de la Empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) Edmundo Rodríguez Sobrino, su secretaria, Clarisa Guerra, la ex directora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y el ex director general del Canal Adrián Martín.

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