• Pablo González pagó a funcionarios para obtener contratos públicos, según la investigación

Pablo González, hermano del detenido ex presidente regional madrileño Ignacio González, sobornó a funcionarios del régimen chavista de Venezuela para lograr contratos públicos en el país caribeño y en favor de su patrimonio y su familia. Así se desprende de varios pinchazos realizados en su teléfono por la Guardia Civil, según ha podido saber este periódico de fuentes de la investigación. Además, como directivo de la empresa pública Mercasa, Pablo González habría recibido comisiones «en todos los sentidos» por negocios en Angola, Panamá, Argentina y República Dominicana.

La corrupción en Mercasa, destapada por este periódico e investigada por el juez José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción, seguía un modus operandi muy perfilado por los investigadores. Se conseguían contratos públicos y se pagaban muy por encima del precio de mercado. A partir de ahí, se desviaba parte del montante total para pagar a los funcionarios que habían facilitado la adjudicación. Por otro lado, aprovechaban el movimiento del dinero para que parte terminara en el bolsillo de los involucrados en la operación.

Los investigadores dan por seguro, a tenor de varias conversaciones telefónicas mantenidas por Pablo González, que este llevó a cabo prácticas corruptas en Venezuela con el Gobierno chavista, valiéndose primordialmente de su responsabilidad de director de Operaciones y Estrategia de la empresa pública Mercasa.

Según la información de los investigadores, el propio Pablo González admitió en varios pinchazos haberse puesto en contacto con miembros del Gobierno venezolano para llevar a cabo el apaño y conseguir al menos un contrato. En la conversación, González admite que miembros del Gobierno chavista le habían indicado a qué constructora debía subcontratar una vez consiguiera la adjudicación. Las pesquisas efectuadas confirmaron posteriormente que en efecto se llevó a cabo dicha subcontratación.

La clave en la operación se produjo después, según el mismo González destapó en las escuchas: la subcontratación se cargó un 10% más porque con ese dinero se pagaba al funcionario del que había dependido la adjudicación del contrato.

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