Rajoy “EL TESTIGO”: Tendrá que declarar en relación al caso GÜERTEL.

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel. El tribunal presidido por Ángel Hurtado ha decidido por mayoría de 2 a 1 que Rajoy sea citado en una fecha por determinar pese a que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se habían opuesto a que declare como testigo en el juicio que se celebra desde el 4 de octubre pasado en la Audiencia Nacional.

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La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 412, establece que, al menos en fase de instrucción, el presidente del Gobierno, entre otros altos cargos de la nación, está obligado a declarar como testigo cuando lo soliciten los jueces. La ley da la posibilidad de que declare por escrito cuando el testimonio se refiere a hechos conocidos por razón de su cargo de jefe del Ejecutivo. Cuando la declaración, como sucede en este caso, versa sobre hechos que no tienen que ver con su función como presidente, la norma da la opción de que pueda declarar en su domicilio o despacho oficial. Será el tribunal, que se ha dividido a la hora de decidir si era pertinente citar a Rajoy, el que deberá arbitrar la fórmula bajo la que comparezca Rajoy.

LO QUE DICE LA LEY

El artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula las comparecencias como testigo de los altos cargos de la nación, en fase de instrucción, no de enjuiciamiento. Dice lo siguiente:

1. Estarán exentas también de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito, las demás personas de la Familia Real.

2. Están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo:

  • 1.º El Presidente y los demás miembros del Gobierno.
  • 2.º Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
  • 3.º El Presidente del Tribunal Constitucional.
  • 4.º El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
  • 5.º El Fiscal General del Estado.
  • 6.º Los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

3. Si fuera conveniente recibir declaración a alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 anterior sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial.

4. Quienes hubiesen desempeñado los cargos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo estarán igualmente exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo.

La solicitud de comparecencia la había formulado la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). Antes de que el tribunal anunciara su decisión de citar a Rajoy, el ministerio público había reiterado su posición inicial de que la testifical del jefe del Ejecutivo no es “ni útil ni necesaria”. La fiscalía consideraba que la citación, además, sería “redundante” para probar la existencia de la caja b del PP, porque esta existencia “está suficientemente acreditada” ya. La declaración del presidente “no aparece como relevante por cuanto no aparece con potencialidad para modificar el sentido del fallo”, había afirmado la fiscal Concepción Nicolás.

Por su parte, el abogado del Estado, Edmundo Bal, se había adherido a la oposición expresada por la fiscalía. “No han surgido nuevos elementos durante el juicio que aconsejen la declaración” de Rajoy, afirmó Bal. “No ha aparecido ninguno, no han cambiado las circunstancias que determinaron la decisión inicial” de no citar al presidente del Gobierno, señaló.

El PP, que está personado en la causa como partícipe a título lucrativo, también se había opuesto a la petición de que declare el jefe del Ejecutivo. Se trata de una diligencia enormemente perturbadora, con finalidad espuria y extraprocesal”, afirmó el letrado del partido, Jesús Santos. Según él, la acusación popular de Adade, que realizó la petición de que testifique Rajoy, “falta a la verdad” a la hora de atribuir cargos orgánicos en el partido al presidente del Gobierno. El cargo de vicesecretario encargado de asuntos electorales, que ADADE atribuye a Rajoy “ni siquiera existe en los estatutos del PP”, ha dicho Santos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha enfrentaba por tercera vez a la petición de declarar como testigo en el caso Gürtel por solicitud de la acusación popular que ejerce Adade. La asociación fundamenta la petición que realizó el pasado marzo en que en Rajoy fue secretario general del partido y, por tanto, debía conocer las actividades del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional, que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), ya rechazó en febrero de 2016 la comparecencia del presidente del Gobierno al entender que no había razón suficiente, pero “sin perjuicio de que en otro momento se pudiera acordar por la Sala que testifique de considerarlo necesario”. Tras este pronunciamiento, Adade volvió a pedir que se sentara a Rajoy en el banquillo el pasado octubre pero el juzgado lo rechazó de nuevo.

“La conciencia social exige sanciones”

La acusación popular considera que “la conciencia social exige sanciones” y que “resulta necesario oír a los máximos responsables”. Adade opina que a estas alturas del juicio ya se han podido constatar que el abogado que representa los intereses del PP ha querido trasladar la responsabilidad de las ilícitas subvenciones electorales realizadas por el Grupo Correa a sus directos beneficiarios, los entonces alcaldes: Ortega de Majadahonda y Sepúlveda de Pozuelo,  y que está clara la intención “de salvar al jefe Rajoy”, tratando de cargar las responsabilidades a “escalones inferiores”.

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