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Diputado dice MP negocia con prohibición de la hookah

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El diputado perremeísta Robinson Díaz, pidió ayer la conformación de una comisión especial que investigue supuestas denuncias de extorsiones y sobornos por parte de miembros del Ministerio Público (MP) a cambio de permitir a algunos negocios la comercialización de la hookah.

De acuerdo al diputado por Santiago, representantes del Ministerio Público utilizan la Ley 16-19, que prohíbe el uso de la hookah en lugares públicos y privados, para “el chantaje, la extorsión y la corrupción” en lugares de Santiago y Santo Domingo Este.

“Ha sido peor el remedio que la enfermedad. Esto no ha dejado de venderse en ningún establecimiento comercial, al contrario costo del consumo de la hookah se ha incrementado de 500 a 1500 pesos. Ahora el que quiera vender la hookah solo tiene que ser un protegido del Ministerio Público”, dijo durante un turno previo en la sesión de la Cámara de Diputados.

“Pero si ese fuera el problema quizás yo no hubiera tomado este turno, el problema es que ahora tenemos una red mafiosa comandada por quienes deberían ser los protectores, es decir el Ministerio Público”, recalcó Díaz, al tiempo que solicitó a la Cámara de Diputados que se designe una comisión especial que pueda profundizar sobre las denuncias que dijo ha recibido.

El legislador presentó algunos vídeos durante la sesión en donde dice se observan a representantes del Ministerio Público cobrar sumas de dinero a esos negocios. “No sé en qué parte de la ley dice que los fiscales son recaudadores de dinero”, cuestionó Díaz.

Señaló que a propietarios de negocios que han sido cerrados en Santiago les han solicitado el pago de hasta 100 mil pesos para operar mientras que otros habrían pagado sobornos a los representantes del Ministerio Público

Afirmó que los trabajadores del Ministerio Público “hasta dejan recibos de constancia”.

La Ley 16-19 fue promulgada en febrero de este año y establece que sanciones de cinco a diez salarios mínimos a los propietarios de establecimientos que permitan su uso. También plantea castigos para quienes la usen en lugares públicos con penas de cinco a quince salarios mínimos. La Procuraduría General de la República es la responsable de la ejecución y cumplimiento de la ley.

@elcaribe